TRASFONDO
Por Julio Zenón Flores
El tema de las elecciones a realizarse el 7 de junio en
Guerrero (al mismo tiempo que en otras 18 entidades del país), pareciera irse
centrando en quienes quieren que sí se realice la votación y quiénes no.
Los argumentos son básicamente de índole política y moral: los que dicen
que sí, asumen que no realizarlos sería propiciar en la entidad un desorden y
mayor problema de gobernabilidad. Incluso dicen que realizar la elección es una
cuestión de defender la democracia y en contraparte acusan de que quienes no
quieren que se realicen son autoritarios por pretender impedir el ejercicio de
un derecho.
Los argumentos de quienes dicen que no deben realizarse,
en cambio, son básicamente éticos y morales y, digamos, de justicia: para ellos
no es correcto que los guerrerenses vayan a las elecciones mientras no
aparezcan con vida los 42 estudiantes normalistas que aún permanecen
desaparecidos, desde el pasado 26 de septiembre en Iguala.
"Desde este
micrófono, le vamos a advertir a Enrique Peña Nieto (presidente de México) y a
todos los políticos corruptos que en Guerrero no va a haber elecciones, no más
partidos, porque ningún pinche partido es la solución al pueblo de México. En Guerrero
no habrá elecciones en el 2015. Primero tienen que entregarnos a nuestros
muchachos", dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, durante un
mitin realizado el viernes 26 de diciembre en el Distrito Federal.
Otra manera de abordar el tema es la dificultad técnica,
real para llevar a cabo las elecciones, sobre lo cual ya hemos estado hablando
en este espacio. Para empezar, se vencieron los plazos para registrar
coaliciones electorales de partidos, el pasado 20 de noviembre para gobernador
y el 22 de diciembre para diputados locales, sin que los partidos que pudieran
realizarlas, las registraran, eso significa que no hubo libertad, en términos
reales, para que los partidos pudieran hacer sus asambleas internas, acordarlo
según sus mecanismos y acudir al Instituto Electoral a realizarlas. Eso implica
que cada partido tendría que ir solo a los comicios y eso impactara en los
resultados finales, pues si dos o más partidos pudieran haberse aliado para
ganar la gubernatura, al no hacerlo la pierden. Entonces el resultado ya varió,
es decir, fue influido por algo distinto a la voluntad ciudadana o de los
partidos.
En segundo lugar, los partidos políticos no pudieron
acordar hacer precampañas para elecciones internas de sus candidatos, eso
también tiene una repercusión directa en el resultado de la elección, pues si
hubiera elecciones internar pudieran ser electos candidatos distintos a los que
se eligen si hay convenciones electorales o supuestos acuerdos de unidad
(unidad que en todo caso sería sólo de las cúpulas de cada corriente o tribu de
los partidos, sin respetar el sentir de su propia base partidaria), eso tampoco
se puede considerar una situación de respeto a la democracia.
En tercer lugar, si aún así hubiera elecciones el 7 de
junio, el riesgo de anularlas sería muy elevado, tanto por la consideración
abstracta, sobre la cual ya existen precedentes en el País y sobre la cual
escribió el propio presidente del INE Lorenzo Córdoba el pasado 20 de agosto de
2006, por la falta de condiciones para el ejercicio libre y secreto del derecho
al voto, en buena parte donde aún operan carteles que dicen a los ciudadanos
hasta donde comprar y qué comer o donde las organizaciones sociales o la propia
policía comunitaria tiene un control más o menos fuerte sobre la población, en
particular Tierra Caliente y Montaña, respectivamente, como por la posibilidad
de anular legalmente al menos el 20 por ciento de las casillas, en aquellos
sitios donde, físicamente sí se puede impedir que se instalen las urnas, que se
acuda a ellas o que se contabilicen.
Ese 20 por ciento está representado más o menos por seis
distritos locales o 17 municipios y, en este caso, de poco habrá servido ir a
las urnas y gastarse las decenas de millones de pesos que el gobierno entrega a
los partidos para una campaña que difícilmente llevarán a cabo.
A estas consideraciones súmele el riesgo físico de los
funcionarios de casilla, los capacitadores y demás funcionarios del instituto
electoral que siempre que sean sorprendidos haciendo su labor por las
organizaciones que respaldan a los padres de los normalistas, con seguridad
serán hostigados a niveles cada vez mayores.
¿Qué necesidad de correr ese riesgo, si hay otras salidas
democráticas?
Escríbame su opinión a zenon71@homail.comLA CHICA RALEIGH, la mejor novela de los últimos tiempos, de un autor acapulqueño. ADQUIERELA YA en puestos de revistas o pídela a zenon71@hotmail.com
2 Comentarios
Por supuesto que no existen los condiciones para llevar a cabo las elecciones ya sean legales o morales, es una oportunidad para poner en práctica la democracia popular participativa, Asambleas Populares y nombrar Consejos Municipales
ResponderEliminarNO hay más autoridad que la "CLEPTOMAFIOCRACIA" votar es puro formulismo protocolario…
ResponderEliminar¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?