En conferencia de prensa, explicó que
solicitó medidas cautelares a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos
(CODDEHUM) de Guerrero, para proteger la
vida de la afectada, las cuales surtirán efecto a partir de este lunes.
Sánchez Sánchez sostuvo que el dirigente de
la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, presionó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a
quien advirtió que miembros del SSJC efectuarían bloqueos carreteros en el estado
sino ordenaba la liberación de los policías comunitarios.
Criticó que el gobierno del estado persigue
y criminaliza a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias, y permite el libre actuar a la UPOEG y al SSJC.
Durante la conferencia de prensa, Romana
Campos Vega describió detalles de los 12 días que fue mantenida en cautiverio
por integrantes del SSJC.
Explicó que policías comunitarios
encabezados por Maximino Moreno Acuña, la mantuvieron retenida en la comunidad
de Mazatlán, municipio de Chilpancingo; y posteriormente fue trasladada a
Xaltianguis, municipio de Acapulco.
Campos Vega señaló que por su liberación,
los integrantes del SSJC exigieron 3 millones de pesos a su familia, hasta que
finalmente sus captores aceptaron 200 mil pesos y las escrituras de su casa.
Señaló que durante su estancia sufrió abusos
deshonestos y el corte de cabello, además de ser amenazada con mutilarla, hasta
que fue liberada el pasado 18 de junio en el poblado Kilómetro 48, municipio de
Acapulco.
El asesor jurídico y coadyuvante, destacó
que ningún juez otorga auto de libertad en 72 horas o en 144 horas, no obstante
los indicios.
“Los policías comunitarios fueron absueltos el 18 de junio por el juez Leoncio Moreno. Sin elementos dictó auto de formal libertad supuestamente porque no se acreditó el delito de secuestro”.
Finalmente reprochó que el juez no valorara
que los indiciados estaban confesos, y advirtió que su defendida y sus
familiares han sufrido amenazas de muerte.
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