Nuevas reglas político-electorales

* Dr. Manuel Añorve Baños

De cara a la inaplazable designación de integrantes del nuevo organismo constitucionalmente autónomo encargado de organizar las elecciones a nivel federal y local, que realizará finalmente el pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 8 de abril, es claro que el calendario que estableció la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para llevar a cabo una transición ordenada y transparente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) está rindiendo los resultados esperados por todos.

El Comité Técnico de Evaluación de quienes se registraron para contender en el proceso de integración del Consejo General del INE, integrado por Jorge Moreno Collado, Alejandro González Alcocer y Ricardo Becerra Laguna, como representantes de la Cámara de Diputados; Enrique Cárdenas Sánchez y Soledad Loaeza por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); y José Antonio Lozano Diez y Tonatiuh Guillén López, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha ya cumplido con las etapas y encomienda para las fue creado: seleccionar los perfiles más aptos para desempeñar la alta encomienda electoral.

En total, son once las listas entregadas por el Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política, cada una con los mejores candidatos a ocupar un lugar dentro del Consejo General del INE. Tres de ellos lo harán por un periodo de tres años, otros cuatro por seis, y otro tanto igual por nueve años, dentro de los cuales uno será el consejero presidente del INE.

La designación de los nuevos consejeros electorales nacionales tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, presentes en la sesión correspondiente, lo cual requiere construir un amplio consenso entre las fuerzas políticas, las cuales tienen la garantía de que los candidatos al Consejo General del INE poseen la trayectoria profesional y académica suficientemente probadas para garantizar la independencia e imparcialidad de la nueva autoridad electoral.

Sin embargo, ése no será el mayor de los retos que enfrentará la Cámara de Diputados en el corto y mediano plazos, porque la reforma constitucional en materia político y electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero, exige la obligación del Congreso de la Unión de expedir un Ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, otra que contenga los nuevos procedimientos electorales y una más que establezca los delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

En la Cámara de Diputados nos declaramos listos para poder iniciar un amplio debate legislativo que incluya los planeamientos de todas las fuerzas políticas aquí representadas, pero sobre todo, preparados para continuar avanzando en la concreción de los grandes acuerdos nacionales en beneficio del país.


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