“El que gobierna, no sé quién gobierna en Guerrero, y si
no lo conociera, yo pecaría de ingenuo pensar que no es un asunto político. Si
no conociera que es profesional de la mentira y si no conociera que hay
situaciones de traición, y eso es conocido por todo mundo, no estaríamos
hablando de un asunto político”, dijo en clara alusión al gobernador Ángel
Aguirre Rivero.
“Necesitaría ser muy ingenuo Zeferino si no conociera
quién es Aguirre. Qué se puede esperar de un personaje que tiene despedazado al
estado de Guerrero”, respondió así el ex mandatario estatal derivado del
proceso administrativo que inició la Contraloría General del Estado por la
presunta malversación de mil 300 millones de pesos en la Secretaría de Salud
durante su gestión 2005-2011.
-¿Sí es por el siguiente proceso electoral entonces?- se
le pidió que precisara.
-Ya más claro no puedo ser- asintió.
Rechazó que con el gobernador Aguirre haya acordado un
“pacto” porque todavía “tengo algo de dignidad” y que jamás pactaría con “un
hombre que no tiene palabra, que miente todos los días”.
Confió que el ex mandatario estatal confió que la
agrupación política “Sinergia Social” –que preside su ex procurador David
Augusto Sotelo Rosas- para rescatar los valores perdidos y confirmó que analiza
la posibilidad de participar como candidato a la Alcaldía de Acapulco por
segunda ocasión.
Acompañado por sus abogados Jorge Alejandro Sodi Patiño y
Juan Carlos Navarro Vázquez del despacho “Sodi y Asociados”, Torreblanca Galindo acudió este viernes a la
Contraloría Estatal a entregar un documento “amplio y completo” en el cual responde
al señalamiento que le imputó su ex secretario de Salud, Antonio Jaimes
Herrera, también ex alcalde de Iguala.
Tras una reunión de una hora con 40 minutos con
funcionarios de la dependencia, el ex gobernador y sus abogados ofrecieron una
conferencia de prensa en un céntrico restaurante de la capital.
Allí Sodi Patiño dijo que la Contraloría no tenía ningún
elemento jurídico para citar a Torreblanca. Añadió que la dependencia se basó
en un testimonio “absurdo” que presentó su ex colaborador Antonio Jaimes
Herrera y dos supuestos testigos “ficticios” de nombres Isidro Aurelio Velazco
y Juan José Robles Mojica, quienes a la vez se deslindaron de aportar elementos.
En su defensa, explicaron los abogados, Jaimes Herrera
alegó que nunca ejerció las funciones legales y administrativas de la
Secretaría de Salud porque la encomienda del ex gobernador, añadieron, estaba
orientada únicamente a situaciones de carácter político y en consecuencia imputó
a Torreblanca la presunta malversación financiera de la dependencia estatal.
No obstante insistieron que no hay elementos jurídicos para
culpar al ex mandatario, ni siquiera para vincularlo en el proceso
administrativo, porque Jaimes Herrera fue designado mediante un nombramiento en
el cual se precisan sus responsabilidades, derechos y obligaciones sustentadas
en la Ley Orgánica del gobierno estatal, y pese a ello la Contraloría insiste
en un procedimiento “fuera de lugar y desaseado”.
El ex gobernador agregó que en el documento que presentó
este viernes señala la “deslealtad” de su ex funcionario y solicita que sea
citado a comparecer y se finquen “responsabilidades para quien está mintiendo”.
Pero aceptó: “A veces me puedo apenar de haber nombrado a
algunos funcionarios, porque en el ejercicio de su responsabilidad, con todos
sus derechos y obligaciones, no solo es en las buenas, y aseguró que en su
contra no tiene ningún otro procedimiento.
Pero luego arremetió nuevamente contra el gobierno
estatal: “Son torpes, no aprendieron nada del viejo PRI, porque es el viejo PRI
el que está gobernando, son torpes y son tan torpes que pueden hacer cosas
peores”
Los abogados insistieron que Torreblanca fue citado por
el mismo hecho que hace dos años la Contraloría General inició procesos administrativos
contra varios ex funcionarios, entre ellos, la ex subsecretaria de Finanzas de
la Secretaría de Salud, Magali Salinas Serna, y por el cual ya se habían
fincado responsabilidades.
Los abogados de Torreblanca aceptaron que promovieron un
amparo denominado “Escopeta” porque no confían en el gobierno del estado y
tenían el temor fundado que al término de su comparecencia de este viernes le
“salieran con varias órdenes de aprehensión dolosas” como ya sucedió contra sus
ex funcionarios y que finalmente no prosperaron.
Respecto al procedimiento que inició la Contraloría por
las presuntas irregularidades en la compra de un helicóptero para la
Procuraduría de Justicia y por el cual se giró orden de aprehensión contra
varios ex funcionarios, Torreblanca y sus abogados afirmaron que un juez
federal la desechó porque no encontró faltas administrativas.
trasfondoinf@hotmail.com
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?