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Guerrero: Estado fallido, delincuencial y popular

A profundidad
Guerrero: Estado fallido, delincuencial y popular
Julio Zenón Flores Salgado
Al arribar este 5 de enero de 2014 al primer aniversario del movimiento desatado contra el crimen organizado en la Costa Chica, denominado Autodefensas, incorporado a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), no existe aún una respuesta organizada y formal de parte del gobierno estatal al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre ese fenómeno, que acusa al gobernador Ángel Aguirre y a las diversas autoridades de actuar con dos caras ante los movimientos populares y ante los grupos de defensa comunitarios.
Mientras la UPOEG lleva a cabo en los linderos de Ayutla de los Libres diversas actividades socioculturales para celebrar este primer aniversario, en la zona se respira un ambiente de tensión, el Ejército mexicano ha dispuesto un auténtico cerco en torno a esa parte de la Costa Chica, empezando desde Cruz Grande, por medio de fuerzas especiales, que no son del batallón normalmente acantonado en Cruz Grande y, la prensa nacional e internacional olfatea, como perros sabuesos, la presunta aparición de un nuevo grupo guerrillero, en la región y se analiza la presunta rivalidad a muerte entre la UPOEG y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), cuyas fuerzas también controlarían parte de las comunidades y no perdonarían a Bruno Plácido Domingo, su cercanía con el gobernador de la entidad.
En medio de este ambiente, se abre paso la tesis elaborada que hemos elaborado en torno a la existencia ya en la entidad de tres verdaderos Estados en Guerrero: El Estado oficial,
que es un estado fallido, el Estado delincuencial que las bandas criminales han creado y el Estado popular, que está surgiendo de la organización ciudadana, donde tanto la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como la UPOEG y otras formas de organización no reveladas hasta hoy, pero existentes en algunas comunidades indígenas de la entidad, juegan un papel preponderante.
Para el análisis consideramos la palabra Estado, en el sentido que le dio el teórico marxista Antonio Gramsci. En resumen de sus concepciones al respecto diremos que en una de sus obras más conocidas, Notas sobre Maquiavelo, Gramsci plantea: “Estado = sociedad política + sociedad civil, es decir, hegemonía acorazada de coerción”. En esa presentación el Estado va mas allá de lo que se considera jurídicamente como tal, e incorpora lo que Marx llamaba “los medios de producción ideológica”, como la Iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, que expanden una visión del mundo y organizan a las masas (Marx desde cero; diccionario crítico del marxismo).
> Veamos con más detalle el caso concreto de Guerrero:
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> El estado instituido legalmente, reconocido en la Constitución, electo mediante el voto en comicios más o menos libres, representado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ha perdido su verdadera esencia y se ha convertido en un estado fallido, al mostrarse incapaz de brindar seguridad a la población, como lo deja claro el propio informe de la CNDH.
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> Decimos que es un estado fallido porque la esencia del Estado es la de garantizar la vida y las posesiones de los ciudadanos, de acuerdo a la ciencia política, surge cuando la sociedad delega en él el uso de la violencia para garantizar la sobrevivencia como sociedad y hacer respetar la propiedad de cada quien (ver El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels o El Estado y la Revolución, de Vladimir Ilich Ulianov) y, eso es lo que hoy el gobierno de Aguirre Rivero no puede garantizar en Guerrero, ni aún con el respaldo federal que ha enviado a miles de soldados, marinos y policías federales, pues la gente sigue siendo asesinada, secuestrada y extorsionada, en toda la
entidad, a niveles no sólo casuísticos sino de manera generalizada.
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> El patrullaje por la zona turística en Acapulco o en las principales regiones de la entidad no ha impedido que calles adentro de cualquier colonia, barrio, poblado o cuadrilla, la gente tenga que pagar protección para tener un negocio o incluso un empleo, a otro ente que no es el estado, además de sus impuestos que paga a este Estado fallido.
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> Tan es así que quienes no pagan protección han sido asesinados, sus negocios incendiados, tanto en Tierra Caliente (vea la nota del negocio de plásticos), como en Acapulco (vea a los ancianos en La Venta o al chofer del camión quemado con su chalán en Mozimba) o en Las Costas o la Montaña y la Sierra.
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> Ante el vacío de autoridad se han fortalecido los grupos delincuencias que se han erigido en un nuevo Estado, que cobra derecho de piso, derecho al trabajo, derecho a la vida y ofrece o vende protección ¿contra quién? Pues contra ellos mismos. Es decir, cobran impuestos, tienen sus cuerpos digamos policíacos y de vigilancia y ejercen poder en amplias zonas de la entidad. Lo hicieron hace años en la Costa Grande, desde La Unión hasta Coyuca, pasando por Coahuayutla, Petatlán, Tecpan y Atoyac, pero ahora lo hacen en el resto de la entidad.
Como reacción a este último surgió un nuevo Estado, que está apenas en su etapa de asentamiento: El Estado popular, grupos armados, financiados probablemente tanto por empresarios, como por algunos gobiernos municipales como por los propios ciudadanos, que ante la desesperación y la falta de presencia del Estado Constitucional, han creado sus propios cuerpos de seguridad con los cuales patrullan las calles, detienen a criminales, los retienen en una especie de cárceles, los cuidan y los tendrán que juzgar en base a sus propios métodos, o usos y costumbres, pues si fueran juzgados por el Estado Constitucional, que no pudo detenerlos, seguramente los pondría en libertad, porque los métodos de detención, dado que fueron aplicados por un ente distinto a este Estado, resultarían ilegales y por ende, con un proceso viciado, serían liberados, como hicieron con
la francesa Florence Cassez. De tal modo que el surgimiento de grupos de autodefensa armados, junto con las policías comunitarias, son en la realidad otro Estado. Eso es lo que se celebra este domingo 5 de enero en la zona de Ayutla y por eso el Estado Constitucional, le teme tanto y ha colocado a sus miles de soldados de élite en la región.
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> Tales elementos debieran considerarlos al momento de discutir la nueva Constitución del Estado de Guerrero (propuesta y retrasada por el actual gobernador, ante el Congreso local), pues de ello se deriva que varias leyes, sobre todo en materia de justicia y seguridad resultan obsoletas, como anacrónica y hasta ridícula resulta para este momento histórico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahora con serios problemas internos al haber muerto su presidente fundador y quedar en su lugar un tipo de bajo perfil y repudiado por los propios trabajadores de la Coddehum, Hipólito Lugo).
Acerca de la nueva Constitución
En Guerrero, el secuestro se hizo una verdadera industria, aunque muchos de ellos no hayan sido denunciados oficialmente. El hallazgo de una casa de seguridad en Acapulco, en la colonia Burócratas, donde una banda puso "su empresa" para planear sus operaciones ilícitas, llevar a sus víctimas a ese lugar, desde ahí mismo extorsionar a los familiares y también ahí mismo asesinarlos, pagaran o no, para luego enterrarlos en el patio, junto a la detención de un grupo de jóvenes estudiantes del Tecnológico de Acapulco, que se asociaron para dedicarse a ese negocio, da cuenta de la forma en que el secuestro pasó de lo individual a lo social. Igual ocurre con la extorsión, que antes era casi individual en tanto que ahora las bandas hasta se reparten o disputan el territorio y visitan manzanas, barrios, colonias y ciudades enteras, tienda por tienda o local por local en los mercados; deciden qué empresa de proveedores, gas, agua, misceláneos, transportes, venta en cambaceo, etc., pueden entrar y cuáles no, a colonias o pueblos enteros y hasta vetan a quien se les da la gana que quiera emplearse en la zona, cambiando de esa manera la naturaleza del delito. Esa telaraña que se ha penetrado en la sociedad y que es bien conocida por los
pequeños y medianos empresarios y hasta por los empleados, por ejemplos de las empresas gaseras o de las camionetas de rutas alimentadoras, en el caso de Acapulco, que tienen que pagar cuota para poder trabajar o los peatones que también deben “cooperar” para salir o entrar a la colonia, no es “vista” sin embargo, por el “Estado Constitucional”. Esta situación nos demuestra que antes, el crimen organizado, se disputaba las rutas del narcotráfico, mientras que ahora se disputa los territorios, rurales y urbanos, donde se erige en un Estado de facto, donde ni los recorridos de adorno que hacen las fuerzas federales o sus retenes anticonstitucionales, les pueden poner freno. En ambos casos, secuestro y extorsión no puede seguirse combatiéndolos con las viejas reglas y deben definirse nuevas. Entre éstas redefinir la actuación y atribuciones de la comisión de derechos humanos, que ya no puede conducirse como si estuviéramos en Suiza o en París, donde si bien existen los delitos no se han generalizado al grado de cuestionar al estado constitucional. Necesitamos contar con una Coddehum que garantice, en primer lugar, el derecho de las víctimas, no el de los delincuentes, como ha ocurrido hasta ahora. Por eso decimos que pareció un tanto cuestionable, hace algunas semanas, que el ahora fallecido ombudsman guerrerense, Juan Alarcón Hernández, llegara a Ayutla o Tecoanapa, buscando evidencias de maltrato a los detenidos por los comunitarios o grupos de autodefensa, cuando por las condiciones del poblado y la forma de la detención, la desproporción de fuerzas entre los delincuentes bien armados y los ciudadanos apenas equipados, lo lógico es que haya resistencia a la detención y por tanto cierta rudeza en la aprehensión y hasta en las formas de juzgarlos o en los términos puestos en práctica para su reinserción social. Los delincuentes no pueden ser llevados, por ejemplo, a la pizca de la Jamaica, como parte de su reeducación, con suaves piropos, sino con la fuerza otorgada socialmente a su policía comunitaria.
Por lo demás, con las leyes actuales ¿Cómo intervendría la Coddehum para garantizar derechos humanos de particulares ante otros particulares (los ciudadanos en armas) como en estricto sentido, bajo las leyes actuales, son los comunitarios? La existencia en Guerrero de tres tipos de Estado: El fallido (el constitucional) el delincuencial (bandas de criminales que controlan parte del territorio de la entidad donde cobran piso (impuestos) y extorsionan o cobran "protección" haciendo labores de policía y hasta juzgan y condenan a muerte a quienes ejecutan, con su propia fuerza punitiva) y el popular (grupos ciudadanos armados, encapuchados o no, que en algunos municipios como Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Florencio Villarreal, Cuautepec, Cualac y Huamuxtitlán, hasta ahora) sustituyen al estado constitucional en su función de dar seguridad a la población, hacen detenciones, encarcelan y juzgan a los delincuentes, en base a sus propios códigos ancestrales), empuja a importantes cambios en la Constitución. El primero de ellos es cómo dotar al estado "constitucional" de las herramientas necesarias para volverlo más efectivo en su combate al estado delincuencial hasta acotarlo y si es posible eliminarlo. En este terreno habría que pensar en crear mecanismos constitucionales que permitan ser eficaces en la persecución de delitos que dejaron de ser individuales y se volvieron un problema social: Secuestro, robo de autos, extorsión o "cobro de piso". Por ejemplo en cuanto al secuestro cabe recordar que actualmente se le persigue sólo si hay denuncia, si no la hay el Estado no tiene la facultad de intervenir, lo cual pudo ser correcto cuando ese delito era casuístico, pero ahora que se socializó o generalizó, debiera perseguirse de oficio. El argumento es sencillo; El agraviado no puede hacer la denuncia porque está en poder de sus captores y la familia tampoco porque está o amenazada o esperanzada en una rápida negociación. Eso retrasa la intervención policiaca y da ventaja a los secuestradores. Lo correcto sería que el Estado pueda perseguir el delito "de oficio", en cuanto se entera del hecho. Se diría que ya el gobierno constitucional del estado se
adelantó a buscar las modificaciones a nuestra carta magna, pero en ese sentido el proceso que se está llevando a cabo, pese a la buena intención de la diputada Abelina López, única que impulsó la realización de foros, dará a luz una nueva constitución que sin nacer, ya está muerta. Por la simple razón de que no está ni considerando la existencia de estos tres Estados, ni está tomando en cuenta en su elaboración a los creadores del nuevo Estado popular, único, como se ha visto, capaz de parar al Estado delincuencial.
El surgimiento del nuevo Estado popular
El asunto es mucho más complejo en cuanto a los juicios a seguir a los detenidos, pues si los del Estado popular en ciernes (policías comunitarios, o concejos ciudadanos o como se denominen) los llegan a entregar para que los juzgue el Estado constitucional, éste los liberaría de inmediato, con cualquier alegato de un abogado aprendiz, pues en primer lugar su detención se dio a cargo no de las corporaciones legalmente establecidas, sino de "un grupo de encapuchados", no hubo orden de aprehensión, ni orden de arraigo, ni averiguación previa, lo que lo hace una detención ilegal y a la luz de nuestra actual Constitución se califica como una "privación ilegal de la libertad".
De hecho es a partir de esta arcaica Constitución, como se ha encarcelado a los líderes y promotores de las autodefensas, a quienes se ha llegado al grado de acusar de terrorismo y de mantenerlos en cárceles de alta seguridad, fuera del estado de Guerrero y bajo esas mismas leyes se persigue, con órdenes de aprehensión en mano, tanto a otros promotores de las policías comunitarias como a luchadores sociales que han encabezado bloqueos de vías de comunicación, pese a que sus motivaciones son parte de la lucha social, por lo cual no debieran ser considerados como criminales sino como luchadores sociales.
Sobre la nueva forma en que debieran juzgarse los delitos, las comunidades organizadas en la UPOEG y la CRAC, nos dieron ejemplo justo hace casi un año, como publicó un diario estatal que hizo la crónica de los hechos.
La nota publicada el sábado 26 de enero del año pasado, relata que "En una asamblea, dirigentes del movimiento armado en contra de la delincuencia de los municipios de Ayutla y Tecoanapa comenzaron (…) a deliberar la forma en que serán juzgados los ya 46 detenidos". Es decir, ese nuevo Estado, al que hemos hecho referencia y que debiera ser considerado en la nueva Constitución de Guerrero, estaba en esa asamblea mostrando que estaba apenas surgiendo, se estaba ideando, se iba formando conforme las necesidades lo demandaban y si no lean lo que ellos dijeron según la nota periodística. "Aún no se ha determinado si será un tribunal o una asamblea popular el que juzgará a los detenidos, pero el acuerdo es que será integrado por comisarios municipales, comisariados ejidales y principales de los pueblos que participan en el movimiento". O sea están creando sus órganos de justicia, porque no creen, no les funcionan los del Estado establecido o Constitucional.
Hacemos un paréntesis para recordar lo que el marxista Gramsci escribió al respecto, guardadas las proporciones y recordando que él se refería en particular al contexto italiano: “el Estado proletario no es la seudodemocracia burguesa, forma hipócrita de la dominación oligárquica financiera, sino la democracia proletaria que emancipará a las masas trabajadoras; no el parlamentarismo sino el autogobierno de las masas a través de su propio sistema de representación (…) La forma concreta del Estado es el poder de los Consejos y de las organizaciones del mismo tipo” (L’Ordine Nuovo, 24/8/19, citado por Macciochi (1974), p.158)
Retomemos ahora lo publicado el diario guerrerense: En esa asamblea, realizada el medio día del viernes 25 de enero del año pasado, en el restaurante Cristy de Ayutla, los ciudadanos de los pueblos que participan en el movimiento discutieron la conformación de lo que en un principio se dijo sería un consejo para juzgar a los detenidos y se justificó crear esta instancia "porque hay una crisis de justicia en el país, y principalmente en Guerrero, por lo que no hay confianza en los juzgados ya establecidos en el sistema de
justicia formal". Así o más claro? Y ojo, a diferencia de los órganos de justicia actuales, del Estado Constitucional, que juzga el delito al margen de sus motivaciones, consecuencias o aspectos humanos colaterales (como el caso de Cassez, que fue liberada por un mal procedimiento, no porque fuera inocente y a pesar de que con ello se ofendía a las víctimas de esa señora), el nuevo Estado popular apunta a tener una visión más integral de la justicia. Dice la nota que "Uno de los dirigentes, entrevistado vía telefónica, informó que .se propuso que este organismo -el que va a juzgar a los detenidos por los comunitarios- antes de emitir su fallo va a deliberar sobre los orígenes del delito, porque, según se reconoció en la asamblea de ayer, algunos de los detenidos fueron obligados a participar, y otros son promotores del delito" Para avanzar en ese sentido, este sábado al continuar la asamblea, a la que asisten unos 300 ciudadanos de Tecoanapa y Ayutla, "será el momento para acordar si la figura es un tribunal popular o asamblea general", dijo uno de los líderes.
Por otra parte, cabe hacer notar que en sus áreas de influencia, a pesar de que llegaron fuerzas federales, los ciudadanos en armas o la policía comunitaria son el Poder, no los federales, como se relata: "Ayer, los grupos de ciudadanos continuaron con los filtros de control a la entrada de los poblados principales de los dos municipios que se encuentran a orillas de la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, y los militares solamente mantuvieron recorridos por la carretera y operativos en algunos poblados, informó vía telefónica uno de los líderes". Asimismo ratificó que continuarán los retenes en Cruz Quemada y las Ánimas, municipio de Tecoanapa, así como en Ayutla, y desmintió que los militares estén en los retenes, "ellos solamente hacen los recorridos por las carreteras, pero no han asumido el control de los puestos de revisión". Ya apunta la persona entrevistada por ese diario, que pretenden constituir algo nuevo: "se acordó orientar a los pueblos sobre la forma en que va a
operar la nueva policía comunitaria, misma que "será distinta a la (Policía Ciudadana y Popular) del municipio de Huamuxtitlán y de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, pero se retomará su experiencia, al igual que de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). No queremos parecernos a nadie".

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(Publicado el 4 de enero en Enfoque Informativo Guerrero Diario)
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