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Liberan a indígena presa en Guerrero por abortar


Ordena SCJN libertad a Adriana Manzanarez; había sido apedreada por el pueblo por adulterio

SCJN revisa caso de indígena de Guerrero presa por sufrir aborto

Fue sentenciada a 22 años de prisión al no poder defenderse porque no hablaba español.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo liso y llano y ordenó la inmediata libertad a favor de Adriana Manzanares Cayetano, indígena presa desde hace 7 años en Guerrero acusada de aborto.
Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala de la SCJN declaró que "se concede el amparo de la justicia Federal de manera lisa y llana y se instruye a la secretaria deacuerdos de esta primera sala para que notifique a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata libertad a la quejosa Adriana Manzanares Cayetano únicamente por la causa penal 053-1/2006 del amparo que se resuelve".
La indígena fue acusada por el delito de homicidio en grado parentesco, tras padecer un parto prematuro en su hogar, el cual fue ocasionado por la muerte del feto que crecía en su vientre.
La mujer se encontraba en su domicilio cuando sufrió el aborto. De acuerdo con su testimonio y el del hombre con el que vivía, el feto estaba muerto y ambos tuvieron miedo de la reacción de la familia, por lo que optaron por enterrarlo.
Cuando su padre se dio cuenta del hecho, llevó a Adriana con el delegado de la comunidad y posteriormente fue presentada ante el pueblo y apedreada por haber resultado embarazada de otra pareja durante la ausencia de su esposo migrante. Tras ello, la pareja compareció ante el Ministerio Público, que los consignó judicialmente por homicidio en razón de parentesco.
A pesar de que fueron procesados por el mismo delito, el hombre consiguió su libertad, pero la indígena guerrerense fue sentenciada originalmente a 27 años, pena que se redujo a 22 tras un recurso de apelación en 2006. Adriana no pudo defenderse porque no hablaba español.
La joven que fue detenida a sus 20 años de edad, fue defendida por la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y por el Centro Las Libres.

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