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Chilpancingo, Gro., a 10 de Noviembre
del 2013.- El dirigente de la Organización Popular de
Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares
Enríquez fue privado de la vida junto a una mujer que se
creyó en un principio era su esposa, en el interior de su
domicilio en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, municipio de
Coyuca de Benítez.
De acuerdo al reporte oficial, la
pareja fue ejecutada cerca de las 8:30 de la mañana de este
domingo en la colonia en mención.
Vecinos de la misma colonia reportaron
a las autoridades policiacas que aproximadamente a esa hora
se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el
interior del domicilio de Luis Olivares, por lo que al
acudir la autoridad, se encontraron con el cuerpo inerte del
dirigente social y el de Ana
Lilia Gatica Rómulo.
Al lugar llegaron casi de inmediato
familiares de los dos hoy occisos quienes de acuerdo al
reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), no permitieron que los cuerpos fueran trasladados al
Servicio Médico Forense (Semefo) para aplicarles la
necropsia de Ley.
Por la tarde, la PGJE informó que “a
través de la Fiscalía Regional de Acapulco, se investiga el
doble homicidio del dirigente de la Organización de
Productores del Estado, José Luis Olivares Enríquez y de una
mujer, a manos de hombres armados ocurrido esta mañana en la
colonia Fuerte Emiliano Zapata del municipio de Coyuca de
Benítez”.
En el comunicado se explica que
derivado de las primeras investigaciones realizadas por el
Ministerio Público, el doble homicidio se produjo la mañana
de este domingo “y los familiares de las víctimas se negaron
a permitir el traslado de los cuerpos al Servicio Médico
Forense para las prácticas legales”.
Se informó que los familiares
trasladaron a domicilios particulares los cuerpos para
velarlos; el del activista a la colonia Tierra y Libertad,
así como el de la occisa a la colonia Venustiano Carranza,
ambas de la misma municipalidad.
“La Fiscalía General informa que el
proceso de investigación continúa y se desahoga en las áreas
específicas de las ciencias forenses y criminalísticas,
realizando peritajes técnicos y científicos en el sitio
donde fueron encontrados los cuerpos de los occisos”, se
agrega.
La PGJE afirmó que se realiza una
investigación “apegada a la ley, como sucede invariablemente
en todos los casos de homicidio doloso, recabando pruebas
periciales, así como declaraciones ministeriales”.
“La PGJE brindará apoyo a los
familiares de los occisos a través de la Dirección de
Atención a Víctimas del Delito, y continuará con el
perfeccionamiento del expediente ministerial para esclarecer
el doble homicidio”, expone el documento.
En tanto, la Fiscalía General ratificó
su “compromiso” de proseguir exhaustivamente la
investigación hasta lograr esclarecer el hecho delictivo.
“De igual manera a perseguir y detener
a los autores materiales de estos homicidios y exigir todo
el peso de la ley ante la autoridad judicial
correspondiente”, compromete la fiscalía.
Cabe mencionar que Olivares Enríquez
fue amenazado desde la semana pasada cuando en la misma
colonia, hombres desconocidos ejecutaron a uno de sus primos
y dejaron una cartulina donde le advertían que “lo buscarían
hasta debajo de las piedras” para asesinarlo.
A pesar de ello, el gobierno del
Estado no tomó las medidas cautelares necesarias para el
dirigente social.
Hace unas semanas, otros cinco
integrantes de la organización que presidía Luis Olivares
fueron apresados acusados del homicidio de Raymundo
Velásquez Flores, dirigente de la Liga Revolucionaria del
Sur Emiliano Zapata, sin embargo, Luis Olivares afirmó
públicamente que el delito que se les imputaba a los jóvenes
no eran mas que “calumnias”.
Recientemente fue asesinada en esa
misma zona del estado (Costa Grande) la lideresa de la
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío
Mesino Mesino, mientras que Raymundo Velásquez Flores
también vivía en esa región, pero tuvo que mudarse a
Acapulco cuando empezó a notar que era perseguido por
sujetos desconocidos que ya habían atentado contra su vida.
En lo que va del actual gobierno
perredista encabezado por Ángel Aguirre Rivero se han
registrado al menos 13 asesinatos de luchadores sociales o
activistas, destacando los casos de Arturo Hernández Cardona
en Iguala y dos de sus compañeros, Juventina Villa en la
Sierra de la Tierra Caliente, además de los de Raymundo
Velásquez, Rocío Mesino y ahora Luis Olivares.
De todos estos casos, ninguno ha sido
esclarecido y ni siquiera se han dado a conocer avances de
los mismos.
Por su parte el gobernador del Estado
Ángel Aguirre Rivero ha evadido hablar sobre estos temas,
mientras que el gobierno federal no ha fijado ninguna
postura pese a la gravedad del asunto, al haber tantos
crímenes contra luchadores sociales en lo que va de la
actual administración.
Cabe mencionar que en los casos de
Luis Olivares y Rocío Mecino son personas relacionadas con
la organización que en la administración de Rubén Figueroa
Alcocer logró derrocar el gobierno estatal luego de la
matanza de Aguas Blancas. En lugar de Rubén Figueroa quedó
Ángel Aguirre Rivero, hoy gobernador por segunda ocasión del
Estado de Guerrero.
La colonia Fuerte Emiliano Zapata fue
fundada por “desplazados” de la sierra de la Costa Grande
luego de la matanza de Aguas Blancas, y desde entonces era
encabezada por Luis Olivares quien denunció en un sinfín de
ocasiones la discriminación de la que era víctima dicho
asentamiento.
El propio Luis Olivares relacionó en
su última semana de vida al ex gobernador Rubén Figueroa con
la persecución hacia su organización, incluso aseguró que
Figueroa Alcocer “sigue siendo gobernante”.
También denunció una persecución de la
Marina de México y el Estado en contra de la OPPCG, misma
que afirmó “pretenden desaparecer”.
Advirtió que no solicitaría seguridad
personal al gobierno del Estado “porque no confiaba” en el
gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero. (Agencia
Periodística de Investigación)
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