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Nacerá muerta nueva Constitución de Guerrero

Una nueva constitución en Guerrero, que nacerá muerta
(Artículo de análisis, parte II)

Julio Zenón Flores Salgado
En Guerrero, el secuestro se hizo una verdadera industria, aunque muchos no hayan sido denunciados oficialmente. El hallazgo de la casa de seguridad en Acapulco, en la colonia Burócratas, donde una banda puso "su empresa" para planear sus operaciones ilícitas, llevar a sus víctimas a ese lugar, desde ahí mismo extorsionar a los familiares y también ahí mismo asesinarlos, pagaran o no, para luego enterrarlos en el patio, junto a la detención de un grupo de jóvenes estudiantes del Tecnológico de Acapulco, que se asociaron para dedicarse a ese negocio, da cuenta de la forma en que el secuestro pasó de lo individual a lo social.
Igual ocurre con la extorsión, que antes era casi individual en tanto que ahora las bandas hasta se reparten o disputan el territorio y visitan manzanas enteras, tienda por tienda o local por local en los mercados; deciden qué empresa de proveedores, gas, agua, misceláneos, transportes, venta en cambaceo, etc, pueden entrar y cuales no a colonias o pueblos enteros y hasta vetan a quien se les da la gana que quiera emplearse en la zona, cambiando de esa manera la naturaleza del delito.
Antes el crimen organizado se disputaba las rutas del narcotráfico, ahora se disputa los territorios donde se erige en un estado de facto, donde ni los recorridos de adorno que hacen las fuerzas federales o sus retenes anticonstitucionales, les pueden poner freno.
En ambos casos, secuestro y extorsión no puede seguirse combatiéndolos con las viejas reglas y deben definirse nuevas.
Entre éstas redefinir la actuación y atribuciones de la comisión de derechos humanos, que ya no puede conducirse como si estuviéramos en Suiza o en París, donde si bien existen los delitos no se han generalizado al grado de cuestionar al estado constitucional .
Por eso decimos que pareció un tanto cuestionable que el ombudsman Juan Alarcón llegara a Ayutla o Tecoanapa, buscando evidencias de maltrato a los detenidos por los comunitarios o grupos de autodefensa, cuando por las condiciones del poblado y la forma de la detención, la desproporción de fuerzas entre los delincuentes bien armados y los ciudadanos apenas equipados, lo lógico es que haya resistencia a la detención y por tanto cierta rudeza en la aprehensión.
Por lo demás, con las leyes actuales ¿Cómo intervendría la Coddehum para garantizar derechos humanos de particulares ante otros particulares (los ciudadanos en armas) como en estricto sentido son los comunitarios?
El surgimiento del nuevo Estado popular
El asunto es mucho más complejo en cuanto a los juicios a seguir a los detenidos, pues si los del Estado popular en ciernes (policías comunitarios, o concejos ciudadanos o como se denominen) los llegan a entregar para que los juzgue el Estado constitucional, éste los liberaría de inmediato, con cualquier alegato de un abogado aprendiz, pues en primer lugar su detención se dio a cargo no de las corporaciones legalmente establecidas, sino de "un grupo de encapuchados", no hubo orden de aprehensión, ni orden de arraigo, ni averiguación previa, lo que lo hace una detención ilegal y a la luz de nuestra actual constitución se califica como una "privación ilegal de la libertad" y podría llevar al absurdo de que se trate juzgar a los ciudadanos organizados en vez de a los delincuentes.
EL ESTADO FALLIDO Y EL GÉRMEN DE UN NUEVO ESTADO
Por si había alguna duda de que este Estado está surgiendo y que sus impulsores lo tienen perfectamente claro, el asunto queda claramente establecido en lo que relata una nota periodística de El Sur, publicada este sábado 26 de enero.
Según esa nota "En una asamblea, dirigentes del movimiento armado en contra de la delincuencia de los municipios de Ayutla y Tecoanapa comenzaron ayer a deliberar la forma en que serán juzgados los ya 46 detenidos".
Es decir, ese nuevo Estado está apenas surgiendo, se está ideando, se va formando conforme las necesidades lo demandan y si no lean lo que ellos dijeron según la nota periodística.
"Aún no se ha determinado si será un tribunal o una asamblea popular el que juzgará a los detenidos, pero el acuerdo es que será integrado por comisarios municipales, comisariados ejidales y principales de los pueblos que participan en el movimiento". O sea están creando sus órganos de justicia, porque no creen, no les funcionan los del Estado establecido o Constitucional.
En esa asamblea, realizada el medio día del viernes en el restaurante Cristy de Ayutla, los ciudadanos de los pueblos que participan en el movimiento discutieron la conformación de lo que en un principio se dijo sería un consejo para juzgar a los detenidos y se justificó crear esta instancia "porque hay una crisis de justicia en el país, y principalmente en Guerrero, por lo que no hay confianza en los juzgados ya establecidos en el sistema de justicia formal".
Y ojo, a diferencia de los órganos de justicia actuales, del Estado Constitucional, que juzga el delito al margen de sus motivaciones, consecuencias o aspectos humanos colaterales (como el cazo de Cassez, que fue liberada por un mal procedimiento, no porque fuera inocente y a pesar de que con ello se ofendía a las víctimas de esa señora), el nuevo Estado popular apunta a tener una visión más integral de la justicia. Dice la nota que "Uno de los dirigentes, entrevistado vía telefónica, informó que .se propuso que este organismo -el que va a juzgar a los detenidos por los comunitarios- antes de emitir su fallo va a deliberar sobre los orígenes del delito, porque, según se reconoció en la asamblea de ayer, algunos de los detenidos fueron obligados a participar, y otros son promotores del delito"
Para avanzar en ese sentido, este sábado al continuar la asamblea, a la que asisten unos 300 ciudadanos de Tecoanapa y Ayutla, "será el momento para acordar si la figura es un tribunal popular o asamblea general", dijo uno de los líderes.
Por otra parte, cabe hacer notar que en sus áreas de influencia, a pesar de que llegaron fuerzas federales, los ciudadanos en armas o la policía comunitaria son el Poder, no los federales, como se relata:
"Ayer, los grupos de ciudadanos continuaron con los filtros de control a la entrada de los poblados principales de los dos municipios que se encuentran a orillas de la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, y los militares solamente mantuvieron recorridos por la carretera y operativos en algunos poblados, informó vía telefónica uno de los líderes".
Asimismo ratificó que continuarán los retenes en Cruz Quemada y las Ánimas, municipio de Tecoanapa, así como en Ayutla, y desmintió que los militares estén en los retenes, "ellos solamente hacen los recorridos por las carreteras, pero no han asumido el control de los puestos de revisión".
Ya apunta la persona entrevistada por El Sur, que pretenden constituir algo nuevo:
"se acordó orientar a los pueblos sobre la forma en que va a operar la nueva policía comunitaria, misma que "será distinta a la (Policía Ciudadana y Popular) del municipio de  Huamuxtitán y de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, pero se retomará su experiencia, al igual que de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). No queremos parecernos a nadie".
SE CONFIRMA LO DE LOS TRES ESTADOS
La existencia en Guerrero de tres tipos de Estado: El fallido (el constitucional) el delincuencial (bandas de criminales que controlan parte del territorio de la entidad donde cobran piso (impuestos) y extorsionan o cobran "protección" haciendo labores de policía y hasta juzgan y condenan a muerte a quienes ejecutan, con su propia fuerza punitiva) y el popular (grupos ciudadanos armados, encapuchados o no, que en algunos municipios como Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Florencio Villarreal, Cuautepec, Cualac y Huamuxtitlán, hasta ahora) sustituyen al estado constitucional en su función de dar seguridad a la población, hacen detenciones, encarcelan y juzgan a los delincuentes, en base a sus propios códigos ancestrales), empuja a importantes cambios en la Constitución.
El primero de ellos es cómo dotar al estado "constitucional" de las herramientas necesarias para volverlo más efectivo en su combate al estado delincuencial hasta acotarlo y si es posible eliminarlo.
En este terreno habría que pensar en crear mecanismos constitucionales que permitan ser eficaces en la persecución de delitos que dejaron de ser individuales y se volvieron un problema social: Secuestro, robo de autos, extorsión o "cobro de piso".
Por ejemplo en cuanto al secuestro cabe recordar que actualmente se le persigue sólo si hay denuncia, si no la hay el Estado no tiene la facultad de intervenir, lo cual pudo ser correcto cuando ese delito era casuístico, pero ahora que se socializó o generalizó, debiera perseguirse de oficio. El argumento es sencillo; El agraviado no puede hacer la denuncia porque está en poder de sus captores y la familia tampoco porque está o amenazada o esperanzada en una rápida negociación. Eso retrasa la intervención policiaca y da ventaja a los secuestradores. Lo correcto sería que el Estado pueda perseguir el delito "de oficio", en cuanto se entera del hecho.
Se diría que ya el gobierno constitucional del estado se adelantó a buscar las modificaciones a nuestra carta magna, pero en ese sentido el proceso que se está llevando a cabo, pese a la buena intención de la diputada Abelina López, única que impulsó la realización de foros, dará a luz una nueva constitución que sin nacer, ya está muerta. Por la simple razón de que no está ni considerando la existencia de estos tres Estados, ni está tomando en cuenta en su elaboración a los creadores del nuevo Estado popular, único, como se ha visto, capaz de parar al Estado delincuencial.
Seguiremos con el tema.




















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